El Gobierno ya ha aprobado el mecanismo financiero para que ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA) puedan pagar las facturas que deben a pymes y autónomos. El Ejecutivo activa así el aval del Estado en esta operación de financiación de proveedores que contará con un importe total, entre CCAA y ayuntamientos, de 35.000M€.

Se trata de un préstamo sindicado a través del cual las entidades locales y las comunidades autónomas podrán refinanciar su deuda en un plazo de diez años, con un periodo de carencia de dos años en el que solo tendrán que pagar los intereses. El interés será el del Tesoro más 115 puntos básicos.

Las facturas que tendrán que pagar las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos deberán ser vencidas y exigibles, y con registro administrativo de la CCAA o del ayuntamiento anterior al 1 de enero de 2012.

Los entes locales tienen que presentar el listado de facturas pendientes de pago al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo, y confeccionar y presentar antes del 31 de marzo un plan de viabilidad que demuestre que pueden hacer frente, en el futuro, a las deudas pendientes.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, deben remitir al Gobierno, antes del 15 de abril, una relación certificada en la que figuren las obligaciones pendientes. Antes del 30 de abril también tienen que presentar un plan de ajuste que comprenda el periodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento, cumplimiento que será evaluado trimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Si Hacienda da el visto bueno al plan, los proveedores de los ayuntamientos empezarán a cobrar a partir del 2 de mayo. Parece ser que las deudas de las CCAA se podrían abonar a partir del 15 de mayo, pero no se ha confirmado ninguna fecha.

La posibilidad de descuentos

El ministro Cristóbal Montoro ha afirmado que “no se establecerán descuentos obligatorios a los proveedores” y que otros criterios, como la antigüedad, tendrán preferencia de pago. Aún así, el RD 4/2012 sí contempla como criterios de prioridad de pago, entre otros, los descuentos ofrecidos sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago. Además, el abono de las facturas comporta la extinción de la deuda contraída por la administración con el contratista por el importe principal, los intereses, los costes judiciales y otros gastos accesorios.

PIMEC ya ha hecho público en más de una ocasión que no está de acuerdo con los descuentos ni con la exención de los intereses, y que creía que no era justo instar a los proveedores a entrar en una subasta de descuentos e incentivarles a cobrar antes, puesto que no todos los sectores de actividad tienen el mismo margen ni la misma situación.

En los documentos adjuntos encontrará el acuerdo completo del Consejo de Ministros que hace referencia al préstamo, así como más información sobre estos mecanismos. Para cualquier duda sobre los impagos que afronta su empresa, puede ponerse en contacto con el Departamento Jurídico y Laboral de PIMEC.