El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña publica su quinto informe. "La rehabilitación de viviendas: un sector con gran potencial para desarrollar" propone los ejes principales para impulsar la rehabilitación de edificios para que se equipare con la de otros países de nuestro entorno. Es el quinto informe que presenta el Consejo Asesor desde su constitución en 2017. Está formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trayectoria profesional contrastada de diversas especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sector privado como en el público. Los miembros fundadores del Consejo Asesor son la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Cataluña (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Fomento del Trabajo Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI). También colaboran la Cámara de concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en los ámbitos de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIE), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, la Confederación Catalana de la Construcción (CCC) y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).

 

En este documento se analiza la cuestión y se proponen medidas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y dinamizar un sector como la rehabilitación, que es generador de puestos de trabajos y beneficios sociales, económicos y ambientales que contribuyen a alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

 

La rehabilitación ejerce una función relevante en nuestra sociedad porque mejora las condiciones de habitabilidad para todos, aumenta el parque de viviendas de alquiler asequible ante la falta de suelo disponible, promueve el ahorro energético y las energías renovables, fomenta la actividad económica local vinculada al sector y garantiza la calidad y la seguridad del patrimonio arquitectónico.

 

Además, la rehabilitación puede ser un valioso instrumento para dinamizar zonas de las ciudades degradadas y empobrecidas en los aspectos económicos, sociales y culturales. Por ello, es necesario construir una visión de ciudad y disponer de recursos económicos y programas de largo recorrido que sean inclusivos, compartidos y beneficiosos para la comunidad.

 

El derecho de propiedad de los inmuebles cuyo uso principal sea residencial comporta también deberes, como la obligación de conservar y rehabilitar, de modo que siempre estén en condiciones de uso efectivo y adecuado. Asimismo, el derecho a la vivienda también conlleva unas obligaciones para las Administraciones públicas, de acuerdo con el mandato constitucional de disponer de una vivienda digna y adecuada. Así, el fomento de la conservación, la rehabilitación y la gran rehabilitación del patrimonio inmobiliario residencial debe ser objeto de la actuación prioritaria de la Generalitat y los entes locales para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

 

Se estima que en España el stock de viviendas que son sometidos a una rehabilitación mayor es inferior al 1%, mientras que en Francia o Alemania, por ejemplo, se sitúa por encima del 1'5%. Asimismo, la inversión pública en España en vivienda y servicios comunitarios pasó de un total de 4.788 millones de euros en 2007 a 986 millones de Euros en 2017, del 0,4% del PIB al 0,1%, una drástica reducción que ha limitado mucho la eficacia de las políticas públicas de rehabilitación